Décadas atrás, desde su nacimiento legal y durante todo el transcurso de su implementación, nuestro sistema de salud ha evidenciado un proceso progresivo de deterioro en su estructura funcional, en su operatividad, en la accesibilidad, la calidad y oportunidad en la prestación de servicios, en el manejo financiero y en el cumplimiento de su misión constitucional.
Fuente: Órgano de información del Colegio Médico Colombiano. Epicrisis. Ed. Nº 39 (Marzo-Mayo 2026). ISSN: 2539-505X (En línea). #SaludDignaYA
Por: Jorge Diego Acosta Correa, asesor de presidencia del Colegio Médico Colombiano
Múltiples leyes, decretos y normas han sido promulgados por los diferentes gobiernos para hacer todo tipo de “ajustes”; muchas de ellas, cuando afectan intereses con poder, han sido dejadas de lado, “muertas”, sin que medie autoridad o control que corrija el entuerto.
Destaca, en el manejo financiero, la permanente y escandalosa presencia y acción de agentes corruptos que contribuyen en gran medida al deterioro cada vez más crítico del sistema.
Mega escándalos billonarios, sin solución ni compensación o retribución, realizados por mafias combinadas de agentes públicos y privados, incrustadas en el sistema y amparadas por la falta de controles idóneos, éticos y necesarios sobre los ingentes dineros públicos, entregados a la mediación de instituciones tomadas por dichos agentes, traficantes y criminales de la salud.
criminales de la salud. El disfuncional sistema, centrado en el individuo, en la enfermedad y en la facturación, fraccionado, pleno de obstáculos administrativos y burocráticos a la atención debida, inequitativo entre poblaciones, clases sociales y territorios, costoso, ineficiente e impregnado de corrupción, sin soluciones o reforma de fondo, ha llegado, luego de la pandemia, como era de esperarse, al clímax de su crisis.
La ley 1751 del año 2015, de origen médico, estableció claramente su misión y los lineamientos generales para la reforma del sistema, para la garantía del derecho constitucional a la salud de todos.
Hace ya once años y aún no se desarrolla ni implementa; han hecho de ella otra “ley muerta” y los actuales intentos de hacerla realidad, mediante ley ordinaria o decretos, han sido institucionalmente bloqueados por el Congreso y las politizadas Cortes.
Se han perdido, en este último período, otros cuatro años con mayor costo social, desatención sistémica, muertes y enfermedades agravadas.
Una emergencia humanitaria y financiera permitiría su rescate temporal, mientras el próximo gobierno y el Congreso, del color que sean, tramitan y reglamentan la necesaria reforma, ajustada a la Constitución y a la ley estatutaria, urgente y vitalmente indispensable.
En medio de este desolador panorama, debo insistir en la situación precaria de la inmensa mayoría (una pequeña élite se beneficia en gran medida de este sistema) de los trabajadores y profesionales de la salud, un pilar fundamental para la óptima prestación de los servicios de salud.
Se requiere, sin duda, que la reforma se acompañe de la expedición y el cumplimiento real de una política pública para su desarrollo integral, para su formación con metas de excelencia, su formalización laboral con pagos justos y oportunos y condiciones de trabajo apropiadas, la promoción eficaz de su desempeño ético y humanitario, para el ejercicio sin cortapisas de su autonomía autorregulada, para el mejor servicio en todo el territorio nacional, sin inequidades regionales, étnicas o de clase, y para que el cumplimiento de su misión sea fuente de satisfacción personal y bienestar de sus familias.
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